La Defensoría del Consumidor (DC) ha intensificado sus operativos de inspección a nivel nacional con el objetivo de estabilizar los precios y garantizar el abastecimiento de productos esenciales de la canasta básica alimentaria. Esta iniciativa se enfoca en la recopilación de información sobre volúmenes de importación, compras, ventas y precios al consumidor, de acuerdo con las características de los proveedores involucrados en la cadena de suministro.
Ricardo Salazar, presidente de la DC, subrayó la importancia de estos operativos en la identificación y prevención de prácticas abusivas que puedan influir negativamente en los precios de los alimentos. «La institución se mantiene recopilando y haciendo los requerimientos de información que le mandata la ley para prevenir e identificar prácticas abusivas como la utilización de cualquier maniobra o artificio para incrementar injustificadamente los precios de los alimentos», afirmó Salazar.
Hasta la fecha, la Defensoría del Consumidor ha llevado a cabo 2,513 verificaciones en supermercados, tiendas mayoristas, puestos de mercado y comercios de lácteos, harinas y granos básicos, así como en importadores, distribuidores y transportistas. Además, se han realizado 89 inspecciones con requerimientos de información a comerciantes, quienes deberán responder oportunamente ante posibles incrementos injustificados de precios.
Estos operativos se extienden a los principales centros de abasto en áreas metropolitanas como San Salvador, Santa Ana y San Miguel, donde se concentra gran parte del comercio mayorista de verduras, hortalizas, frutas y granos básicos.
El Tribunal Sancionador de la DC ha impuesto multas por un total de $318,273.53 a ochenta y ocho proveedores que obstaculizaron las labores de inspección. Entre los proveedores sancionados se encuentran supermercados, distribuidoras de productos alimenticios y bebidas, tiendas mayoristas, agroservicios, agroveterinarias, importadores, productores y comercializadores.
La Defensoría del Consumidor insta al sector privado a adoptar prácticas comerciales éticas y legales, y exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier incremento injustificado en los precios de los alimentos a través del teléfono 910 o el WhatsApp 7844-1482. En caso de detectarse prácticas abusivas, se activarán procedimientos administrativos ante el Tribunal Sancionador y, si es necesario, se procederá a la acción penal en colaboración con la Fiscalía General de la República.