Equipos de la Defensoría del Consumidor se despliegan en agroservicios de San Vicente en una misión para garantizar la justicia económica y proteger a los consumidores locales.
Ante la creciente importancia de la labor agrícola en la región, estas inspecciones cobran vital relevancia.
«Estas acciones son fundamentales para proteger el bolsillo de los salvadoreños ante cualquier alza injustificada de precios en diferentes sectores», afirma Salazar.
En caso de detectar abusos que perjudiquen a los consumidores, las multas impuestas podrían ascender hasta los 500 salarios mínimos, reflejando así la determinación del gobierno en asegurar la equidad económica y el bienestar de la población.