La historia de El Salvador retumba siempre por escándalos de corrupción relacionados con el proceso de privatización de empresas y servicios públicos. Durante años, el gobierno de Alfredo Cristiani se benefició económicamente a expensas del bienestar de la población, en un ejemplo más de la corrupción que afecta a la región y que hasta hoy se ven luces de justicia bajo la administración de Nayib Bukele.
Bajo el pretexto de mejorar la eficiencia y fomentar la inversión, el gobierno arenero llevó a cabo la privatización de importantes activos estatales, como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Sin embargo, esta privatización estuvo marcada por la falta de transparencia y la opacidad en los procesos de licitación.
Las denuncias de corrupción, hasta el día de hoy, ponen de manifiesto cómo algunos funcionarios de Cristiani aprovecharon su posición para obtener contratos lucrativos para sí mismos, sus familiares o sus allegados empresariales. A través de acuerdos poco transparentes, se desviaron fondos públicos y se enriquecieron de manera ilícita.
El caso de la venta de CEL fue especialmente cuestionado. A pesar de las promesas de modernización y mejora en el sector energético, el proceso de licitación estuvo marcado por irregularidades y falta de competencia. Se plantea la pregunta de si el gobierno obtuvo el mejor trato para el país o si se benefició económicamente de manera desproporcionada a costa del bienestar de la población.
Las consecuencias de esta corrupción son evidentes. Mientras el gobierno y sus allegados acumularon riquezas, los ciudadanos enfrentaron un aumento en los costos de los servicios privatizados. Esto aún afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, generando desigualdad y dificultades económicas adicionales desde hace décadas.
La falta de control sobre los servicios privatizados también es motivo de preocupación. La búsqueda de ganancias y los intereses comerciales pueden relegar el acceso y la calidad de los servicios básicos a un segundo plano. Esto se traduce en un deterioro en áreas clave como el suministro de agua, la electricidad y la atención médica.
Este escándalo de corrupción en la privatización en El Salvador es un recordatorio alarmante de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas que deben realizar los areneros en el marco de la Guerra Contra la Corrupción, y como fueron los procesos de toma de decisiones gubernamentales.
Es fundamental que se investiguen y sancionen los actos de corrupción, y que se implementen mecanismos efectivos para garantizar que los beneficios de la privatización se traduzcan en un verdadero progreso para el país y su población. Como muestra de ello, la Fiscalía General de la República (FGR), desarrolla una investigación a fondo sobre estos casos de corrupción; al expresidente Cristiani le han intervenido más de 150 propiedades, y otros bienes debido a delitos relacionados a la corrupción.
El pueblo salvadoreño hoy tiene un gobierno honesto y responsable, que trabaja en beneficio de todos y administra los recursos públicos para el bien popular. Solo a través de una lucha constante contra la corrupción y una mayor participación ciudadana se podrá garantizar un futuro más justo y próspero para El Salvador.