El jefazo de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, señaló que con las reformas al artículo 33-A de la Ley de Protección al Consumidor, los comercios ya no podrán hacerse los locos y deberán responderle a la people cuando le vendan algo dañado.
Salazar explicó que uno de los principales problemas para que la majada hiciera efectiva su garantía, era que los consumidores extraviaban los documentos que comprobaban la compra. También, por desconocimiento de los alcances, los consumidores reclamaban situaciones que no eran cubiertas por la garantía.
«Ahora, los proveedores deberán tener un registro obligatorio, este puede ser electrónico o físico y el consumidor, en el momento que desee, puede solicitar esa información al comercio para conocer alcances de la garantía, y el proveedor ya no va poder evadir su responsabilidad», resaltó el jefazo.
Añadió que están facultados como institución a requerir información en nombre de los consumidores.
«Los negocios que no cuenten con este registro podrán ser multados hasta con 500 salarios mínimos», advirtió.
Desde junio 2019 a la fecha, en el tema de garantías se han recibido 18,500 casos, y los principales sectores son: electrodomésticos, telecomunicaciones, automotores y servicios en general.